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Argentina

Cristina Fernández también gobernó sin presupuesto

La ex presidenta, actual vicepresidenta, tuvo un revés del Congreso en 2011 y pasó a disponer de los recursos que tenía en pleno año electoral.

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La oposición intentó sin éxito modificar el proyecto de ley del Presupuesto 2011, que había enviado al Congreso la por aquel entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero la jefa de Estado no estaba dispuesta a aceptar ningún cambio a su iniciativa y también «boicoteó la discusión», algo similar a lo que hizo Máximo Kirchner con el Presupuesto 2022: «Perder para poder ganar».

De ese modo, Fernández gobernó todo el 2011 sin presupuesto y, tal como prevé la ley, debió repetir el aprobado en 2010. La ventaja con la que contó Cristina y con la que también contará Alberto Fernández es que, si bien el Presupuesto 2020 es mucho menor al rechazado para 2022, podrá asignarse partidas en base a DNUs y otras facultades con las que cuenta el Ejecutivo, tal y como lo hizo la ex mandataria.

Claro que había otras ventajas con las que contaba Cristina, y es que la relación de fuerzas en el Congreso tenía componentes que en muchos casos inclinaron la balanza a a su favor, que la inflación era menor, que existía una distribución de riqueza algo más equitativa que la actual y que el poder adquisitivo promedio era altamente superior al presente, de hecho era el mejor de la región.

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Máximo Kirchner jugó fuerte: «perder para poder ganar».

Cabe destacar que la ex jefa de Estado tampoco tuvo la pesada herencia del sobreendeudamiento que dejó el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, ni la fuga masiva de capitales, ni la destrucción del aparato productivo y la pequeña y mediana industria, entre otras miserias que dejó Cambiemos, y lo que es más importante, no existía pandemia de coronavirus.

Algo parecido pasó en la provincia de Buenos Aires con el proyecto de Presupuesto 2016, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, claro que en ese caso no se sorteó con éxito el contratiempo y la crisis que comenzaba a general el gobierno de su jefe político comenzó a dar los primeros coletazos, que se profundizaron a lo largo de su gobierno, y que dejó a la provincia como «tierra arrasada», según la definición del actual mandatario bonaerense, Axel Kicillof, al recibir la provincia.

Finalmente, vale mencionar que la Cámara de Diputados rechazó este viernes el proyecto de Presupuesto 2022 por 132 votos de la oposición contra 121 del oficialismo y sus aliados, y una abstención, luego de que el oficialismo se negara a hacer cuarto intermedio o que pasara a comisiones para realizar más modificaciones al proyecto, con lo cual, se jugó a todo o nada. Algo en lo que el kirchnerismo ya tiene experiencia.

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Economía

¿Que debería incluir la nueva ley de alquileres?

Otro ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.

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La Unión Argentina de Inquilinos (UAI) y las entidades del sector inmobiliario coinciden de manera general en la necesidad de una nueva ley de alquileres, pero las diferencias aparecen al discutir las parámetros que tendría que contener la potencial norma ya que los inquilinos postulan que en la actualización anual debe haber poca o nula incidencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que los propietarios pretenden un ajuste semestral o acuerdos específicos entre las partes.

Otro ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.

La Ley 27.551 de alquileres aprobada por el Congreso en 2019 prevé contratos con una duración máxima de 3 años, actualizaciones anuales y, en el caso de rescindir el contrato, un preaviso de 3 meses para no tener que abonar una indemnización, entre otras cuestiones.

La actualización anual del índice por el cual se hace el ajuste anual la ley prevé en su artículo 14 que debe estar constituido por partes iguales entre la variación mensual del IPC y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

Al respecto, el presidente de la Cámara de Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, sostuvo que una nueva ley de alquileres debería «volver a los dos años de contrato con un ajuste cada seis meses como máximo ajustado por un coeficiente valor salario (CVS)».

En ese sentido, manifestó, que el nuevo índice de actualización no debería contener el IPC al lado porque «es una incógnita para todas las partes y obliga a negociar constantemente».

Por otro lado, Bennazar dijo que para que pueda haber un descenso de precios en el mercado son necesarios incentivos para que aumente la oferta de inmuebles acompañado por «la vuelta al acceso al crédito, como política de Estado de acceso a la vivienda y al suelo».

«Lo último que hemos incorporado son la compra de viviendas usadas para el blanqueo con dos condiciones, uso del bien propio o para su familia, y en el caso de invertir es aumentar la locativa habitacional por el término de 10 años», afirmó.

En enero en la ciudad de Buenos Aires los aumentos en los precios de alquileres -respecto a diciembre pasado- fueron de 6,2% en los monoambientes, 2,6% en los departamentos de dos ambientes y 4,3% en los de tres ambientes, según un relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

En tanto, el acumulado de 12 meses de 2022 fue de 102,9% para los monoambientes porteños; 105,1% en las unidades de dos ambientes y 100% en los de tres ambientes.

Estos números cotejan con la suba de 94,8% que marcó el IPC a lo largo del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UIA), Ricardo Botana, dijo que una nueva ley de alquileres tendría que «fomentar que vuelvan al mercado inmobiliario las viviendas que ya no están con incentivos fiscales, de ese tipo, para que la gente construya».

«En algunas grandes ciudades, algunos barrios, también pasó que se fueron volcando mucho a las plataformas de alquileres transitorios, lo que hizo también que se retiraran muchos inmuebles», sostuvo Botana al referirse a la falta de oferta de inmuebles en las ciudades, lo que hizo impulsar los precios de alquileres de viviendas de uso permanente.

Además, indicó que en una nueva ley el cálculo del aumento tendría que tener más preeminencia el Ripte -la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino- sobre el IPC para fijar el índice.

Por último, señaló que la ley de alquileres vigente si bien «trajo consigo nuevos derechos para los inquilinos», falló el artículo 14 donde se plasma el cálculo del índice por el cual se calculan los aumentos anuales «con aumentos de 83%, aproximadamente, desbarajuste dándole al inquilino los primeros 4 o 5 meses».

En tanto, el presidente de la Fundación Vocación Inmobiliaria, Hernan Iradi, enfatizó que lo que están reclamando es que «el plazo sea por dos años y que haya acuerdo de partes como siempre fue. Hoy los alquileres comerciales se alquilan por debajo de precios de la vivienda».

«La actual ley está mal porque está atada a la inflación con aumentos anuales, en febrero los aumentos van a superar el 85%, Argentina tiene inflación muy alta, masivamente se retiraron inmuebles del mercado cuando el plazo lo cambiaron a 3 años», dijo el representante inmobiliario.

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