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Fernández anuncio por Twitter que Gabriela Cerruti será portavoz de la Presidencia

«Estará disponible para chequear toda la información que necesiten para juntos combatir los rumores y las noticias falsas que tanto daño hacen a una comunicación democrática», aseguró el mandatario.

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«Estará disponible para chequear toda la información que necesiten para juntos combatir los rumores y las noticias falsas que tanto daño hacen a una comunicación democrática», aseguró el mandatario. La diputada nacional renunció a su banca para estar a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión de Presidencia.

El presidente Alberto Fernández designó este jueves a la periodista y exdiputada nacional Gabriela Cerruti como «portavoz de la Presidencia», informó el propio mandatario.

Cerruti estará a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial, y la figura de portavoz la tomó Fernández de «algunas democracias europeas», según indicó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

«Que esa función sea ejercida por una mujer resalta dos cuestiones fundamentales de nuestro Gobierno: queremos una comunicación clara, precisa y transparente y sostenemos la vocación de avanzar en la igualdad de género y de oportunidades», publicó el Presidente en esa red social.

La portavoz va a «comunicar información, datos, anuncios, pero también las ideas y el rumbo del Gobierno en su conjunto», explicó Fernández, y adelantó que «estará disponible para chequear toda la información que necesiten para juntos combatir los rumores y las noticias falsas que tanto daño hacen a una comunicación democrática».

«El tiempo que nace después de la pandemia nos obliga a redefinir la agenda de la comunicación diaria, fundamental para traer certidumbre en una época de cambios y desafíos», escribió el Presidente, quien acompañó el texto con un video en el que se lo conversando con la flamante funcionaria.

«Esperamos sea una herramienta que se construya y se consolide más allá de esta gestión para aportar una comunicación pública democrática y una conversación global acorde a los nuevos tiempos», concluyó.

Cerruti había presentado el miércoles su renuncia como diputada nacional para integrarse al área comunicacional del Gobierno.

La también periodista, con mandato hasta el 10 de diciembre próximo, será reemplazada por Gustavo López -director en el Ente Nacional de Comunicaciones- o por la exlegisladora porteña Gabriela Alegre, por ser quienes seguían en la lista de Unidad Ciudadana de 2017.

En el texto de renuncia enviado a la Presidencia de la Cámara, Cerruti aclaró que se debe a que ha sido «honrada por el presidente Alberto Fernández para formar parte de su gabinete».

«El Presidente me convocó para aumentar la calidad de la comunicación del Gobierno»

La nueva portavoz del Gobierno Nacional aseguró que su designación en ese rol responde a la intención del presidente Alberto Fernández de «aumentar la calidad de la comunicación» de la Casa Rosada y destacó que, además, se la eligió por el compromiso de la actual administración «con el feminismo y la igualdad de género».

En diálogo con los periodistas acreditados en la sede del Poder Ejecutivo, Cerruti explicó que tendrá rango ministerial y que responderá directamente al Jefe de Estado: «Voy a ser la portavoz de la Presidencia, esto quiere decir que voy a transmitir las informaciones oficiales del Gobierno, de la Casa Rosada».

En ese sentido, la flamante funcionaria dijo que no sólo se encargará de «los anuncios que vayan a suceder» y de los temas que «importan y preocupan, sino las ideas del Gobierno». «Buscaremo aportar para que la conversación pública sea sobre los temas que le importan a la gente y no basados en escándalos, denuncias u otras situaciones que convierten al periodismo en otra cosa y no en lo que tiene que ser», añadió.

Respecto de su designación, contó que Fernández la convocó y le dijo «que había pensado que era importante en esta etapa, después de haber escuchado lo que pasó en las elecciones, poder tener una voz oficial, un portavoz para aumentar la calidad de la comunicación, y que fuera una mujer porque es un gobierno comprometido con el feminismo y la igualdad de género».

En ese sentido dijo que su rol, por el hecho de ser mujer, «es algo que no existió nunca en Argentina». «Tal vez el último recuerdo que tenemos es el de Nacho (José Ignacio) López o (Juan Pablo) Baylac. En esos casos eran voceros del Presidente. Yo no soy la vocera del Presidente, no reemplazo la voz del Presidente, lo que transmito es la información oficial, la postura política del Gobierno en su conjunto», añadió.

Además dijo que estará disponible para que los periodistas puedan «chequear» la información para que aquello que se publique sea cierto y verídico. «Igual que ustedes estamos en contra de que la información se manifieste como rumores o información falsa», resaltó.

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Finalmente, estimó que la pandemia dejó claro que la información debe abarcar «todos los temas, más allá de los temas que salen en la tapa de los diarios o en la agenda como cuestiones urgentes».

«Estar bien informado sobre temas de salud, qué está haciendo el gobierno para combatir la inflación, que hacemos para bajar el alza de los alquileres, que son los temas que le preocupan a la gente», ejemplificó respecto de lo que serán sus tareas.

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Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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