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Menos de dos tercios del padrón participó de las PASO, el 33,79% no fue a votar

Solo el 66,21% participó de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias realizadas este domingo, ya que sobre un padrón de 34.385.460 electores, concurrieron a votar 22.765.590 personas.

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Solo el 66,21% participó de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias realizadas este domingo, ya que sobre un padrón de 34.385.460 electores, concurrieron a votar 22.765.590 personas.

Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) mostraron este domingo una participación de votantes del 66,21 por ciento, la más baja desde que fueron implementadas en el 2011, aunque este año la pandemia de coronavirus impuso limitantes que le dieron a los comicios un marco atípico.

Sobre un padrón de 34.385.460 electores, concurrieron a votar 22.765.590 personas: esto constituye el 66,21%, informó este lunes el Ministerio del Interior. De todas formas, el Gobierno consideró que se trató de una «jornada electoral histórica», que se pudo materializar sin contratiempos aun con protocolos y cuidados especiales en los centros de votación, y una prueba más de que «los argentinos quieren votar», aun en un contexto inédito.

Se trató, sin embargo, del índice más bajo desde que se implementaron las primarias obligatorias: en 2011 acudió a las urnas un 78,66% de los inscriptos, en una elección que incluía cargos ejecutivos además de los legislativos que se renuevan cada dos años.

En 2013 votó el 76.83 %, sólo para cargos legislativos; mientras que en las PASO del 2015 el porcentaje de ciudadanos que emitió su sufragio fue del 74,91%, en una elección con renovación ejecutiva y parlamentaria.

En 2017, en tanto, el porcentaje de asistencia a las elecciones primarias para la contienda legislativa había sido del 72,37%; y en las últimas PASO, en 2019, se registró un 76,4%, también de cargos ejecutivos y legislativos.

En todos los casos, las elecciones generales de cada año lograron mayor adhesión de votantes que las respectivas PASO.

Así, en 2011 votó el 79,39% del padrón, en la elección que reeligió en la presidencia a Cristina Fernández de Kirchner; mientras que en las legislativas de 2013 lo hizo el 77.64 %.

En 2015 lo hizo el 81,07% y en la segunda vuelta que consagró como presidente a Mauricio Macri votó el 80,77%.

En las legislativas de 2017 lo hizo el 77.61%; y en 2019, en la elección presidencial que ganó Alberto Fernández, lo hizo el 81,08%.

El número más alto de asistencia a las urnas se registró en 1983, en el contexto de la vuelta de la democracia, cuando en la victoria presidencial de Raúl Alfonsín se llegó al 85,61% del padrón.

Ya este año, en el marco de la Covid-19, se registraron menores guarismos en elecciones provinciales que adelantaron sus calendarios, respecto a la prepandemia.

El 2 de junio pasado, en las elecciones de diputados provinciales en Misiones, la participación fue del 59,53% del padrón, 19 puntos menos que la registrada en 2019 y que consagró también como gobernador a Oscar Herrera Ahuad.

El 27 de junio, en la compulsa de diputados provinciales en Jujuy, la participación electoral fue del 70,68%, lo que significó una caída del 78,69% respecto de 2019 que reeligió a Gerardo Morales como gobernador.

El 15 de agosto, en las elecciones de diputados y senadores provinciales en Salta, la participación fue del 60,21 por ciento, un número menor al 71,39% registrado en 2019, que coronó como mandatario provincial a Gustavo Sáenz.

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Solamente en Corrientes se dio un porcentaje inverso, con 73.49 % de participación en las elecciones del 29 del mes pasado, que reeligió como gobernador a Gustavo Valdés y donde también se eligieron cargos legislativos, contra el 70,01% de dos años antes.

El récord de ausentismo en las legislativas a nivel nacional se registró en 2001, cuando el porcentaje fue del 26%, en el marco del llamado «voto bronca», que sumó además casi un 20 por ciento de votos en blanco y nulos, tras la crisis política y económica de ese año.

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Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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