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Causa Vialidad: llega el alegato de la defensa de De Vido

De Vido tiene un pedido de condena de diez años de prisión por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como presunto autor del delito de «asociación ilícita agravada».

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El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz se reanudará mañana con el inicio del alegato de la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, para quien la fiscalía pidió una condena de diez años de prisión.

Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, que representan al exfuncionario, expondrán ante el Tribunal Oral Federal 2 desde las 9.30 de manera virtual a través de la plataforma Zoom, y se prevé que el alegato se extienda al menos por las jornadas del lunes y martes, explicaron fuentes judiciales.

De Vido tiene un pedido de condena de diez años de prisión por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como presunto autor del delito de «asociación ilícita agravada», por su calidad de organizador y por administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

La misma pena se pidió para los también acusados exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

Para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sexta en el listado programado de alegatos de las defensas, la fiscalía solicitó 12 años de cárcel, al igual que para el empresario Lázaro Báez.

La defensa de De Vido tiene como máximo tres días para exponer su alegato en el debate que se realiza lunes, martes y viernes.

Los alegatos de las defensas comenzaron la semana pasada, luego del intento de homicidio contra la vicepresidenta en inmediaciones de su casa cometido el jueves 1 de septiembre y por el cual hay hasta el momento dos detenidos.

El ataque ocurrió en medio de una de las manifestaciones de apoyo a la expresidenta que se sucedieron hasta ese día en adyacencias de su casa del barrio de Recoleta desde que fue acusada en este juicio por los fiscales como supuesta organizadora de asociación ilícita agravada y defraudación fraudulenta.

Los tres defensores que expusieron hasta ahora ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso reclamaron la absolución de sus clientes, todos exfuncionarios que actuaron en Santa Cruz durante el período investigado, que va de 2003 a 2015.

Hasta el momento los únicos que hicieron uso del derecho a ir de manera presencial a Comodoro Py 2002 para hablar de cara a los jueces en la sala de audiencias fueron el expresidente de la Administración General de Vialidad de esa provincia Héctor Garro y su abogado Mariano Fragueiro Frías.

Quienes lo siguieron en los alegatos, los abogados defensores de Mauricio Collareda y Mario Daruich, ambos ex funcionarios de Vialidad, expusieron de manera virtual.

En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario y también acusado Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras irregularidades a través de la firma «Austral Construcciones», entre otras que adquirió en ese período.

Al igual que los restantes acusados, tanto la vicepresidenta como sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py.

En esta etapa de los alegatos, la expresidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo.

El Tribunal rechazó en agosto un pedido de la defensa para que la vicepresidenta ampliara su declaración indagatoria.

El martes 6 será el turno del alegato del también exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz y responsable del llamado «distrito 23» en esa provincia, Mauricio Collareda, a quien la fiscalía pidió 6 años de cárcel.

A la hora de pedir penas, Luciani y Mola reclamaron condenar también a 12 años de prisión a Báez y diez años para De Vido, José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.

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Vandalizaron placas en memoria de los bombardeos del ’55

Arrancaron escudos en las cerámicas instaladas en la vereda del Ministerio de Economía. En el único ataque de un Ejército contra sus civiles de la historia murieron más de 350 personas.

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Las placas colocadas en las inmediaciones del Ministerio de Economía de la Nación el 16 de junio de este año con motivo del aniversario del Bombardeo a Plaza de Mayo de 1955 en homenaje a las víctimas, fueron encontradas vandalizadas en un nuevo acto de odio y de violencia política.

Las dos placas habían sido colocadas en un multitudinario acto en Plaza de Mayo del que participó el presidente Alberto Fernández, organizado por el legislador porteño Alejandro Amor, Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Comisión por la Memoria, el Sindicato de Dragados y Balizamiento y familiares de las víctimas del bombardeo. También participaron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y los dirigentes sindicales Pablo Moyano y Juan Carlos Schmid.

En la Legislatura porteña, el diputado Amor ya presentó un pedido de declaración de repudio por este ataque a la memoria y a los derechos humanos. “Vemos con profunda preocupación la escalada de violencia. Creemos fielmente que el diálogo y el debate siguen siendo los caminos de construcción de la sociedad democrática que tanto costó restituir”, manifestó el legislador en el repudio presentado que espera ser aprobado en el recinto en los próximos días y acompañado por todas las fuerzas políticas.

En los bombardeos a la Plaza de Mayo de 1955 murieron más de 350 personas y más de 1000 resultaron heridas, todas ellas, víctimas civiles, desarmadas e inocentes. La primera bomba cayó en la casa de Gobierno con la intención de matar al Presidente Juan Domingo Perón. Luego, los aviones de la Marina descargaron bombas en la CGT, el Ministerio de Guerra, el departamento de policía, el ex palacio Unzué (hoy la Biblioteca Nacional) y las calles de los alrededores en un ataque que duró más de tres horas.

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