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El Gobierno nacional prorrogará dos semanas más el DNU que establece restricciones por la pandemia

El nuevo plazo será hasta el 25 de junio y continuará el parámetro del semáforo epidemiológico, que prevé distintos tipos de restricciones, según la situación sanitaria en cada distrito del país.

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El nuevo plazo será hasta el 25 de junio y continuará el parámetro del semáforo epidemiológico, que prevé distintos tipos de restricciones, según la situación sanitaria en cada distrito del país.

El Gobierno nacional anunciará este viernes los alcances de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con medidas de cuidado para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país, y que continuará con el parámetro del semáforo epidemiológico, que establece distintos tipos de restricciones según la situación sanitaria en cada distrito del país.

«El DNU se va a renovar con los mismos parámetros que se vienen aplicando hasta ahora, con el fundamento de aplicar criterios objetivos y que no haya mucha más discusión», anticipó anoche el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a un canal de noticias.

El nuevo DNU -que comenzará a regir esta medianoche- se extenderá por las próximas dos semanas, mientras el Gobierno nacional espera que la Cámara de Diputados debata la ley de «Emergencia Covid» que el jueves obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones.

Este proyecto establece un marco normativo sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus.

El objetivo del Gobierno nacional era obtener el jueves la sanción de la norma, ya aprobada por el Senado, antes de que venza este viernes el DNU vigente con restricciones, pero ante la falta de acuerdo con la oposición, la propuesta deberá ser tratada en una nueva sesión dentro de dos semanas.

En sus declaraciones de anoche, Cafiero ratificó que la nueva norma va a extenderse por «dos semanas» a la «espera» de que «se termine el tratamiento de la ley que también copia estas medidas», por lo cual, aclaró, «cuando se apruebe, tampoco va a cambiar» el criterio para adoptar las restricciones.

El DNU que vence este viernes estableció nueve días de aislamiento estricto (entre el 22 y el 30 de mayo); luego cinco días con mayores habilitaciones (del 31 de mayo al 4 de junio); el pasado fin de semana (5 y 6), nuevamente con restricciones más duras, y los últimos días de esta etapa (del 7 al 11 de junio) otra vez con medidas más laxas.

El parámetro sanitario que rige actualmente, incluido en el proyecto de ley que se trata en el Congreso, establece la división del país en cuatro categorías, de acuerdo con los riesgos: bajo, mediano, alto y alarma epidemiológica y sanitaria.

El jueves, Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunieron con el comité asesor de expertos para evaluar la situación sanitaria nacional .

En ese encuentro, los epidemiólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández calificaron de «alarmante» que las vacaciones de invierno se extiendan 14 días a raíz de la «movilidad que generaría en todo el país», y los expertos lo consideraron una «antesala de la tercera ola», por lo que propusieron «separar» esa instancia en «períodos más cortos».

Según fuentes oficiales, los expertos recomendaron al Poder Ejecutivo mantener «medidas similares» a las actuales en los distritos que estén en alarma epidemiológica.

Previamente, Cafiero había recibido en su despacho de Casa Rosada a sus pares de provincia y Ciudad de Buenos Aires, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente, para analizar los datos epidemiológicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que integran ambas jurisdicciones.

En ese encuentro, que se extendió por 50 minutos, se destacó «el descenso paulatino» de los casos pero se coincidió en que «aún falta mucho camino por recorrer». Además, indicaron que se considera la posibilidad de «volver a tener períodos» de aislamiento «durante el invierno, es decir, aprovechar los feriados y semanas cortas».

Asimismo, remarcaron que, después de aquellos nueve días de aislamiento obligatorio, las medidas «fueron eficaces» para bajar los casos en todo el país, con excepción de Córdoba, que «explotó». También existe preocupación por la suba de casos en Chaco y Jujuy.

En el encuentro del jueves, los expertos «defendieron el semáforo epidemiológico y reiteraron que debe haber mayores controles por parte de las jurisdicciones» ante «el récord de ocupación en camas de unidades de terapia intensiva».

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Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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