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Coparticipación Federal: la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Consenso Fiscal

La iniciativa fue aprobada por 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención. De esta manera, la Cámara Baja convirtió en ley la iniciativa que distribuye entre las provincias $70.000 millones para reactivar sus economías.

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La iniciativa fue aprobada por 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención. De esta manera, la Cámara Baja convirtió en ley la iniciativa que distribuye entre las provincias $70.000 millones para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el proyecto de Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que distribuye entre las provincias $70.000 millones para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

La iniciativa, que había obtenido media sanción del Senado el 24 de febrero, fue aprobada en la Cámara baja por 140 votos a favor, 104 en contra, en su mayoría de legisladores de Juntos por el Cambio, de Partido Social y dos de la Izquierda. y una abstención del radical José Cano

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Cabe destacar que el proyecto se aprobó tras un breve debate en el que expusieron tan solo cuatro oradores. Se trata de los diputados de Corrientes Sofia Brambilla; y Gabriela Burgos, Oscar Moldani y Jorge Rizzotti, de Juyuy.

El Consenso Fiscal fue acordado en diciembre por el Presidente y los mandatarios provinciales, con excepción de San Luis, la Pampa, y la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene una controversia por los recursos para la policía porteña.

El proyecto fue sancionado con los votos aportados por el Frente de Todos, los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal y legisladores de Juntos por el Cambio que responden a los gobernadores de la UCR de Corrientes Gustavo Valdés y de Jujuy, Gerardo Morales.

El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con un monto total de alrededor de $70.000 millones que podrán ser utilizados para reactivar las economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

La iniciativa además establece que en 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.

Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

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Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

El debate en Diputados

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, (Frente de Todos), destacó que «un tema importante que contiene el acuerdo es la necesidad de definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento”.

El legislador oficialista señaló que ya «fue ratificado por 16 legislaturas provinciales» y destacó que «se evaluó ante la pandemia que era conveniente suspender en 2020 y 2021 las obligaciones en materia de exenciones» para ingresos brutos y sellos.

Desde Juntos por el Cambio, el radial Luis Pastori argumentó el voto negativo al sostener que el acuerdo fiscal «lesiona los intereses de los contribuyentes, los impuestos a Ingresos Brutos y de sellos, lo más regresivo del sistema tributario de la República Argentina».

Pastori agregó que «así como creció en Nación creció en provincias y esta prórroga es congelarlo al 2019, esa gradual disminución de alícuotas de 2018 y 2019 queda congelada y evita que quede suspendida en 2021» «Es ir a un retroceso del consenso fiscal de 2017 que buscaba que las provincias vayan teniendo una baja gradual para llegar a 2022 con alícuota cero», agregó.

Por otra parte, el diputado de izquierda Juan Carlos Giordano, dijo que rechazaban la iniciativa porque en el Consenso Fiscal «no hay ningún beneficio para el pueblo trabajador. Porque si se habla de impuesto nocivo es el IVA, que es el que más recauda y lo paga el pueblo en un 21%”».

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En tanto, la diputada Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social), señaló que «con este consenso se está generando más inseguridad jurídica, que es sabido que va ir en contra de la inversión, de la producción, del trabajo”.

Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables. Además, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunta en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.

Se incluye, por otra parte, el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.

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Consumo

La pérdida del poder adquisitivo será mucho mayor que la caída del salario

La retracción del poder de compra provoca que la gente deba gastar mucho más de lo que lo hacía anteriormente para afrontar las facturas, recortando la plata disponible para comprar otros bienes o servicios.

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El salario real en el sector privado formal podría caer en promedio 6,1% en 2024 pero el ingreso disponible podría reducirse más del doble, producto de los precios relativos de las tarifas de gas, luz, agua, transporte público y combustibles, cuyos precios se vienen disparando muy por encima de la inflación impactando con fuerza en los bolsillos.

Un informe realizado por ABECEB determina que esta pérdida de poder adquisitivo se verá reflejada en una caída del consumo privado que podría rondar el 8% durante este año.

La retracción del poder de compra provoca que la gente deba gastar mucho más de lo que lo hacía anteriormente para afrontar las facturas, recortando la plata disponible para comprar otros bienes o servicios.

La inflación interanual en marzo (24-23) fue del 290% pero los precios de muchos bienes o servicios claves para la vida cotidiana superaron con creces esta magnitud: electricidad y gas, aumentaron el 300%, bebidas alcohólicas, 302%; alimentos, 306%; azúcar, chocolate y golosinas, 349%; pan y cereales, 352%; combustible y lubricantes, 364%; medicamentos, 379%; transporte público, 385%; aguas minerales, gaseosas y jugos, 386%.

Otros que también tuvieron subas importantes, pero no al nivel del IPC fueron las prepagas (hoy en discusión) con un 289%, restaurantes y hoteles, 266%, educación, 227%; prendas de vestir y calzado, y alquiler de viviendas, 149%. Y todavía muchos deben seguir ajustándose para recomponer los atrasos pasados.

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La caída del salario real del 6,1% mencionada en realidad disfraza una retracción aún mayor de la capacidad de compra porque a esa pérdida hay que sumarle el fuerte impacto de todas las subas mencionadas y que hace que la gente recorte gastos.

Un trabajador que en promedio en 2024 va a ganar 1.340.000 pesos y que su salario le creció por debajo de la inflación y le va a caer en términos reales 6,1%, lo que le quede para gastar, después de pagar el alquiler, combustible, transporte, luz, gas (estos componentes que aumentan muy por encima de la inflación) le van a quedar 840.000 pesos, lo que implican una caída de 15,5% respecto del ingreso disponible que tenía el año pasado en términos reales.

La pérdida de ingresos se traslada velozmente a las góndolas y al consumo fuera del hogar. Por ejemplo, la caída de ventas en los supermercados se estima podría promediar 11%, en 2024 mientras que en restaurantes será del 7,5% en este año. Sólo en marzo, la caída en los súper llegó al 19%, mientras que los restaurantes registraron una pérdida del 6,7%.

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