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Argentina

Coparticipación Federal: la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Consenso Fiscal

La iniciativa fue aprobada por 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención. De esta manera, la Cámara Baja convirtió en ley la iniciativa que distribuye entre las provincias $70.000 millones para reactivar sus economías.

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La iniciativa fue aprobada por 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención. De esta manera, la Cámara Baja convirtió en ley la iniciativa que distribuye entre las provincias $70.000 millones para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el proyecto de Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que distribuye entre las provincias $70.000 millones para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

La iniciativa, que había obtenido media sanción del Senado el 24 de febrero, fue aprobada en la Cámara baja por 140 votos a favor, 104 en contra, en su mayoría de legisladores de Juntos por el Cambio, de Partido Social y dos de la Izquierda. y una abstención del radical José Cano

Cabe destacar que el proyecto se aprobó tras un breve debate en el que expusieron tan solo cuatro oradores. Se trata de los diputados de Corrientes Sofia Brambilla; y Gabriela Burgos, Oscar Moldani y Jorge Rizzotti, de Juyuy.

El Consenso Fiscal fue acordado en diciembre por el Presidente y los mandatarios provinciales, con excepción de San Luis, la Pampa, y la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene una controversia por los recursos para la policía porteña.

El proyecto fue sancionado con los votos aportados por el Frente de Todos, los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal y legisladores de Juntos por el Cambio que responden a los gobernadores de la UCR de Corrientes Gustavo Valdés y de Jujuy, Gerardo Morales.

El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con un monto total de alrededor de $70.000 millones que podrán ser utilizados para reactivar las economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

La iniciativa además establece que en 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.

Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

El debate en Diputados

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, (Frente de Todos), destacó que «un tema importante que contiene el acuerdo es la necesidad de definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento”.

El legislador oficialista señaló que ya «fue ratificado por 16 legislaturas provinciales» y destacó que «se evaluó ante la pandemia que era conveniente suspender en 2020 y 2021 las obligaciones en materia de exenciones» para ingresos brutos y sellos.

Desde Juntos por el Cambio, el radial Luis Pastori argumentó el voto negativo al sostener que el acuerdo fiscal «lesiona los intereses de los contribuyentes, los impuestos a Ingresos Brutos y de sellos, lo más regresivo del sistema tributario de la República Argentina».

Pastori agregó que «así como creció en Nación creció en provincias y esta prórroga es congelarlo al 2019, esa gradual disminución de alícuotas de 2018 y 2019 queda congelada y evita que quede suspendida en 2021» «Es ir a un retroceso del consenso fiscal de 2017 que buscaba que las provincias vayan teniendo una baja gradual para llegar a 2022 con alícuota cero», agregó.

Por otra parte, el diputado de izquierda Juan Carlos Giordano, dijo que rechazaban la iniciativa porque en el Consenso Fiscal «no hay ningún beneficio para el pueblo trabajador. Porque si se habla de impuesto nocivo es el IVA, que es el que más recauda y lo paga el pueblo en un 21%”».

En tanto, la diputada Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social), señaló que «con este consenso se está generando más inseguridad jurídica, que es sabido que va ir en contra de la inversión, de la producción, del trabajo”.

Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

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También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables. Además, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunta en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.

Se incluye, por otra parte, el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.

Argentina

Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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