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Argentina

Alberto promulgó la Ley para el acceso al empleo formal del colectivo travesti-trans

«Si ampliamos derechos, somos una mejor sociedad», afirmó el presidente al promulgar la norma que lleva el nombre «Diana Sacayán-Lohana Berkins», en conmemoración de dos de sus impulsoras.

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«Si ampliamos derechos, somos una mejor sociedad», afirmó el presidente al promulgar la norma que lleva el nombre «Diana Sacayán-Lohana Berkins», en conmemoración de dos de sus impulsoras.

El presidente Alberto Fernández celebró este miércoles la promulgación de la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, aseguró que aunque “hay quienes creen que dar derechos es un problema porque rompe el status quo» y remarcó que «la mejor Argentina» es aquella que los brinda.

En un acto que se celebró el mediodía de este miércoles en Casa Rosada, el Jefe de Estado formalizó la norma que lleva el nombre de Diana Sacayán y Lohana Berkins, que contempla, entre otras reivindicaciones, que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos y demás organismos deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas de ese colectivo.

«Hay quienes creen que dar derechos es un problema porque rompe el status quo, creen que es mejor un país con derechos para algunos», aseveró Fernández y señaló que desde que el Frente de Todos llegó al Gobierno, se propuso la «ampliación» de los mismos.

En ese sentido, sostuvo que “una sociedad que descarta a su gente, es una horrible sociedad” y que, en cambio, «la mejor Argentina es la que da derechos». Además, señaló que cada paso en la ampliación convierte a todos en «una mejor sociedad, una mejor comunidad».

Luego de reiterar su apelación al diálogo en la diversidad, el Presidente dijo que uno de los “puntos de encuentro” entre aquellos que piensan diferente “es dejar de marginar al otro» y «terminar con el descarte» y entender que «las minorías tienen derechos y que las mayorías deben reconocerles esos derechos”.

También dedicó un párrafo para recordar el “maravilloso” primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al que calificó como el “más progresista” desde el retorno de la democracia en lo que respecta a la ampliación de derechos y sostuvo que pretende que el suyo sea “más progresista aún”.

Finalmente, convocó a los empresarios a emplear personas más allá de su elección sexual u orientación de género y expresó su confianza en que en el futuro no deban dictarse leyes que aseguren cupos para minorías que sufren discriminaciones, sino que sea una cuestión natural el equilibrio.

«Estamos confrontando con una cultura de mucho tiempo y que le cuesta aceptar, Pero estamos decididos a que se termine cualquier discriminación en Argentina», añadió el mandatario.

A su turno, la ministra de las Mujeres, Genero y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó que la ley promulgada fue aprobada por “207 votos en diputados y 55 en el Senado”, algo que habla “de los altos niveles de conciencia” sobre la necesidad de estas acciones que “son políticas de Estado y no de un Gobierno”.

Estimó que esta nueva norma ubica al país “a la vanguardia” en políticas de inclusión, un ”motivo de orgullo de todos, todas, todes los que formamos parte de la sociedad”. Además recordó que el Gobierno nacional lleva 15 de 18 meses gestionando en tiempos de pandemia y que “en ningún momento se dejó de trabajar en la ampliación de derechos”.

“Ni la pandemia, ni el desastre económico legado por el Gobierno anterior, fueron excusa. Aun en la adversidad, nos vieron ampliando derechos y alcanzando nuevas conquistas”, apuntó.

Al inicio del acto, la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda, señaló que el día de hoy es “histórico para el movimiento travesti-trans” y eso es “para guardar en el corazón”.

Sostuvo además que la ley es, al mismo tiempo, “la reivindicación del movimiento como un sujeto político” y “se traduce en puestos de trabajo” que son “un punto de inicio” para una «comprensión transversal» de la problemática que viven estas personas y se mostró esperanzada de que sirva para salvar muchas vidas.

En la ceremonia, además de las funcionarias mencionadas, el Presidente estuvo acompañado por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y por militantes, dirigentes y referentes del colectivo travesti-trans.

Ley «Diana Sacayán-Lohana Berkins»

La ley contempla, entre otras reivindicaciones, que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas de ese colectivo.

«La normativa, votada en el Congreso, convirtió en ley una política pública implementada por el presidente Fernández, quien a través del decreto 721/20 ya había establecido el Cupo Laboral Travesti-Trans en el Sector Público Nacional», indica el comunicado oficial.

La misma lleva el nombre de «Diana Sacayán-Lohana Berkins» en conmemoración de sus impulsoras, junto con las organizaciones LGBTI+ y defensoras de los derechos humanos. «La Ley constituye un paso fundamental en la reparación de las desigualdades históricas y estructurales que existen en la sociedad respecto a la población travesti-trans», agregó.

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La normativa prevé a su vez incentivos para que también el sector privado que cumpla con esta normativa y promueve líneas de acceso al crédito desde el Banco de la Nación de la República Argentina para esta población.

Además, determina que el requisito de terminalidad educativa no puede resultar obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo, y que si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su educación, se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos.

El pasado 24 de junio, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de manera unificada al considerarla “reparadora de derechos”. El proyecto obtuvo 55 votos a favor y 1 en contra, mientras seis legisladores decidieron abstenerse.

«Celebro la sanción de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero Bandera transgénero», expresó en su cuenta de Twitter, Fernández, tras la sanción. Además, añadió que es el «logro es la continuación de los avances hechos con el decreto 721/2020 del Cupo Laboral Travesti Trans en el Sector Público Nacional».

«Es el resultado de la lucha de un colectivo históricamente vulnerado. Era hora de que el Estado escuchara y atendiera su reclamo. Hoy somos un país más justo e igualitario que reconoce y celebra su diversidad», reafirmó Fernández.

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Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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