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Tailhade pide investigar 29 delitos derivados de la filtración de chats

“No tuve ninguna participación en esos hechos, pero si la acusación tiene que ver con la propagación del contenido de los chats, entonces soy culpable». Enumeró situaciones descriptas en la filtración que podrían constituir una amplia gama de delitos.

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El diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade se presentará el lunes en Comodoro Py para negar ser el autor de la filtración de chats que involucran al ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro y pedirá que se investiguen 29 hechos que podrían constituir delitos.

D’Alessandro denunció a Tailhade por presunto espionaje ilegal y la causa recayó en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, ante quien el diputado formulará un “descargo” negando “haber participado de la creación del sitio web dalessandrochats.com, en el que se han subido numerosas imágenes de las conversaciones del denunciante con distintas personas a través de la aplicación de mensajería Telegram”.

En ese contexto, Tailhade reclamó que se “extraigan testimonios” (se promuevan nuevas investigaciones) sobre 29 hechos que se desprenden de los chats, por los presuntos delitos de arreglo de fallos de la Corte Suprema, abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, dádivas y acciones de inteligencia ilegal, entre otros.

Entre estas últimas, Tailhade mencionó supuestas conversaciones entre D’Alessandro y Silvia Majdalani, ex subdirectora de la AFI sobre actividades de movimientos sociales, y acciones sobre el proveedor del Estado Pablo Andrés Grecco Paredes; José Guillermo Marcó, secretario en el Ministerio Público de la Defensa; dos barras bravas de Boca Juniors;  el comisario Ángel Humberto Ponce; el coronel retirado del Ejército Mario Fernando Troncoso; el comisario mayor de la Policía Federal Héctor Pedro Cajida; Juan Horacio Fabbri, titular de la sociedad dueña del restorán Esquina Carlos Gardel y sobre la frustrada diputada por Cambiemos Joanna Picetti, privada de su banca por una denuncia para que asumiera en su reemplazo Jorge Enríquez, también aludido en los chats.

El contragolpe de Tailhade también menciona direccionamientos en al menos dos licitaciones y en la explotación de playas de estacionamiento en la Capital Federal.

La presentación que anunció el diputado habla también de supuestas coimas que le atribuye al empresario Marcelo Violante, a quien incluso pide que se investigue por ofrecerle “negocios” al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a través de D’Alessandro.

Finalmente, Tailhade apunta contra el fiscal de instrucción Augusto Troncoso (el que inició las acciones judiciales contra el diputado Gerardo Milman), quien en las filtraciones –según el diputado- coordina acciones judiciales con D’Alessandro.

Otro fiscal, Juan Ignacio Bidone (condenado en primera instancia a tres años de prisión junto con el falso abogado Marcelo D’Alessio) aparece mencionado como proveedor de información ilegal a D’Alessandro y a la diputada Graciela Ocaña.

“Solicito se haga lugar a cada una de las requisitorias para extraer testimonios de las referencias a delitos de acción pública y se remitan a las oficinas de sorteos respectivas”, resume la presentación.

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Economía

¿Que debería incluir la nueva ley de alquileres?

Otro ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.

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La Unión Argentina de Inquilinos (UAI) y las entidades del sector inmobiliario coinciden de manera general en la necesidad de una nueva ley de alquileres, pero las diferencias aparecen al discutir las parámetros que tendría que contener la potencial norma ya que los inquilinos postulan que en la actualización anual debe haber poca o nula incidencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que los propietarios pretenden un ajuste semestral o acuerdos específicos entre las partes.

Otro ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.

La Ley 27.551 de alquileres aprobada por el Congreso en 2019 prevé contratos con una duración máxima de 3 años, actualizaciones anuales y, en el caso de rescindir el contrato, un preaviso de 3 meses para no tener que abonar una indemnización, entre otras cuestiones.

La actualización anual del índice por el cual se hace el ajuste anual la ley prevé en su artículo 14 que debe estar constituido por partes iguales entre la variación mensual del IPC y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

Al respecto, el presidente de la Cámara de Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, sostuvo que una nueva ley de alquileres debería «volver a los dos años de contrato con un ajuste cada seis meses como máximo ajustado por un coeficiente valor salario (CVS)».

En ese sentido, manifestó, que el nuevo índice de actualización no debería contener el IPC al lado porque «es una incógnita para todas las partes y obliga a negociar constantemente».

Por otro lado, Bennazar dijo que para que pueda haber un descenso de precios en el mercado son necesarios incentivos para que aumente la oferta de inmuebles acompañado por «la vuelta al acceso al crédito, como política de Estado de acceso a la vivienda y al suelo».

«Lo último que hemos incorporado son la compra de viviendas usadas para el blanqueo con dos condiciones, uso del bien propio o para su familia, y en el caso de invertir es aumentar la locativa habitacional por el término de 10 años», afirmó.

En enero en la ciudad de Buenos Aires los aumentos en los precios de alquileres -respecto a diciembre pasado- fueron de 6,2% en los monoambientes, 2,6% en los departamentos de dos ambientes y 4,3% en los de tres ambientes, según un relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

En tanto, el acumulado de 12 meses de 2022 fue de 102,9% para los monoambientes porteños; 105,1% en las unidades de dos ambientes y 100% en los de tres ambientes.

Estos números cotejan con la suba de 94,8% que marcó el IPC a lo largo del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UIA), Ricardo Botana, dijo que una nueva ley de alquileres tendría que «fomentar que vuelvan al mercado inmobiliario las viviendas que ya no están con incentivos fiscales, de ese tipo, para que la gente construya».

«En algunas grandes ciudades, algunos barrios, también pasó que se fueron volcando mucho a las plataformas de alquileres transitorios, lo que hizo también que se retiraran muchos inmuebles», sostuvo Botana al referirse a la falta de oferta de inmuebles en las ciudades, lo que hizo impulsar los precios de alquileres de viviendas de uso permanente.

Además, indicó que en una nueva ley el cálculo del aumento tendría que tener más preeminencia el Ripte -la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino- sobre el IPC para fijar el índice.

Por último, señaló que la ley de alquileres vigente si bien «trajo consigo nuevos derechos para los inquilinos», falló el artículo 14 donde se plasma el cálculo del índice por el cual se calculan los aumentos anuales «con aumentos de 83%, aproximadamente, desbarajuste dándole al inquilino los primeros 4 o 5 meses».

En tanto, el presidente de la Fundación Vocación Inmobiliaria, Hernan Iradi, enfatizó que lo que están reclamando es que «el plazo sea por dos años y que haya acuerdo de partes como siempre fue. Hoy los alquileres comerciales se alquilan por debajo de precios de la vivienda».

«La actual ley está mal porque está atada a la inflación con aumentos anuales, en febrero los aumentos van a superar el 85%, Argentina tiene inflación muy alta, masivamente se retiraron inmuebles del mercado cuando el plazo lo cambiaron a 3 años», dijo el representante inmobiliario.

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