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Argentina

Abuso sexual: asunción de diputado condenado preocupa al Ejecutivo

La banca del abusador sexual condenado Héctor Eduardo Ruiz en la Cámara Baja de Santiago del Estero ya despierta reclamos y preocupación.

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El-Argentino-Héctor Eduardo "Chabay" Ruiz

La titular del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se mostró «profundamente preocupada» por la inminente admisión de Héctor Eduardo Ruiz, como diputado provincial en Santiago Del Estero, sobre quien pesa una condena por abuso sexual contra una mujer.

«Estoy profundamente preocupada por las implicancias que puede tener que asuma a un cargo una persona condenada por una violación», expresó Gómez Alcorta. La ministra realizó estas declaraciones tras recibir este mediodía en el Ministerio a representantes de organizaciones feministas nucleadas en Ni Una Menos, que reclaman la impugnación de la asunción de Héctor Ruiz, condenado por abuso sexual en 2015, planteo que también fue visibilizado con una manifestación frente al Congreso de la Nación.

En el palacio legislativo estuvieron presente mujeres santiagueñas organizadas, referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y un conjunto amplio de organizaciones sociales como Movimiento Evita, la CCC y el colectivo Ni Una Menos.

«Sonó muy fuerte el reclamo de que es inadmisible que este diputado asuma porque nos pone en peligro y baja muchísimo la calidad democrática de lo que pueda salir de esa legislatura», destacó Lucía Cavallero, integrante del colectivo Ni Una Menos que participó de la denuncia colectiva. Cavallero agregó que «también nos expresamos por una reforma judicial feminista, que asegure la perspectiva de género en el juzgamiento de este tipo de delitos y que cuestione la estructura patriarcal de la justicia».

La militante feminista explicó que «en este caso fue muy claro cómo se subestimó lo que decía la víctima y sobre todo queremos una justicia que sea sensible a estas cuestiones, porque también en la justicia electoral hay un problema, porque aprueba esa postulación. Esperamos una respuesta favorable».

Preocupa en el Ejecutivo la impunidad de la que gozará Ruiz si asume su banca

Por su parte, Florencia Pérez, una de las referentes santiagueñas que viajó a la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con la ministra y participar de la conferencia de prensa, dijo que están «muy agradecidas de que automáticamente el Ministerio de las Mujeres haya arbitrado todos mecanismos desde el momento en que hicimos público el repudio al diputado que está por asumir con una causa de abuso y otra en curso«.

Pérez señaló que «estamos preocupadas porque es revictimizante que una persona como Ruiz asuma una banca». Y agregó que «hemos logrado que el ministerio envíe una nota a la Cámara de Diputados de la provincia expresando su preocupación, y el compromiso del ministerio de seguir trabajando y apoyando a las organizaciones en la provincia».

En este sentido, Gómez Alcorta dijo a Télam que este caso es «muy paradigmático» con la particularidad de que hay una condena y con sospecha de impunidad de otra causa judicial, «que tenía requerimiento de elevación a juicio y que las organizaciones nos plantearon que desconocían las razones de por qué no se había avanzado con esa causa». Además, la ministra señaló que el único ámbito institucional que tiene posibilidades de intervenir para la impugnación es la Cámara de Diputados Provincial por cuestiones federales.

Héctor Eduardo «Chabay» Ruiz es ex intendente de La Banda y ex concejal, y fue condenado por abuso sexual con acceso carnal, delito del cual se declaró culpable. Actualmente tiene otra causa abierta por otro hecho de violencia sexual, pero los fueros le garantizarían impunidad, ya que en las elecciones de noviembre, Ruiz fue elegido legislador provincial en la lista del Frente Laboral Patriótico de Santiago del Estero.

Según declaraciones de Araceli Ferreyra «las provincias de Mendoza, Salta y Chubut ya aprobaron las reformas a la ley de partidos políticos, llamada «ficha limpia» que inhibe la postulación a cargos provinciales o municipales entre otras causales a agresores sexuales».

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Buenos Aires

AFIP detectó un 33% de empleo no registrado en comercios de puntos turísticos

Desde principios de año se realizaron 2.395 controles y se labraron 263 actas de infracción por incumplimientos en los sectores de gastronomía, guarderías náuticas, recreación, ventas de productos regionales, cervecerías, bares, balnearios y proveedores de bienes y servicios.

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy que detectó un 33% de trabajo informal en comercios de venta de bienes y servicios de 47 localidades de mayor movimiento turístico del país, durante relevamientos realizados en el marco del Operativo Verano 2023.

En total, los inspectores del organismo detectaron inconsistencias en el 33% de los 3.487 trabajadores que se desempeñaban en los comercios fiscalizados.

«Las principales irregularidades consistían en la falta de alta de los empleadores y diferencias en las declaraciones juradas», señaló el organismo que conduce Carlos Castagneto en un comunicado.

Desde principios de año se realizaron 2.395 controles y se labraron 263 actas de infracción por incumplimientos en los sectores de gastronomía, guarderías náuticas, recreación, ventas de productos regionales, cervecerías, bares, balnearios y proveedores de bienes y servicios.

Las acciones también incluyeron a festivales de música celebrados en el interior del país, y eventos masivos y fiestas electrónicas en la Costa Atlántica, con controles en la venta de entradas y de bebidas.

«Los inspectores verificaron la correcta facturación de los comercios, la utilización de los sistemas de pago electrónico y de los controladores fiscales de nueva tecnología y el relevamiento del personal que se desempeñaba en los comercios visitados«, agregó la AFIP.

El principal incumplimiento detectado por los inspectores fueron las normas de facturación, por la falta de emisión de la factura correspondiente y la ausencia de controladores fiscales actualizados con la nueva tecnología.

Los procedimientos fueron realizados de manera conjunta por la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), con la colaboración de distintos Organismos Nacionales y provinciales y fuerzas de seguridad de las distintas provincias.Imprimir

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